El último trabajo de investigación publicado por el CELIV sobre Homicidios en América Latina tiene como objetivo realizar un análisis empírico sobre las tendencias del delito en los últimos 20 años y el funcionamiento de las instituciones para su contención. Entre los focos desarrollados, se realiza una revisión de distintas políticas públicas implementadas para la reducción del homicidio en la región.

Mapear los programas utilizados en América Latina y Argentina busca contribuir a una mejor comprensión de las estrategias implementadas para reducir la violencia letal y a partir de esto identificar posibles formas de mejorar estas iniciativas.

Es importante aclarar que los programas y estrategias son un conjunto de medidas o actividades que tienen el objetivo de lograr las metas que se establecen en una política pública. En la etapa de formulación de políticas se introduce el diseño de programas que tienen como objetivo cumplir las metas establecidas por dicha política.

La región enfrenta una combinación de amenazas globales y locales que dan lugar a una variedad de respuestas de seguridad. Ya sabemos que las causas de los homicidios son complejas y variadas, por lo que las estrategias para combatir el delito deben reflejar estos desafíos. Como es de esperar, los diferentes tipos de homicidios y crímenes violentos requieren diferentes planes programáticos. Las estrategias de disuasión focalizada (Kennedy, Weisburd & Braga, 2019) pueden centrarse en prevenir la violencia colectiva generada por las pandillas, mientras que otras estrategias pueden incluir intervenciones en la primera infancia para abordar la violencia doméstica.

Por otro lado, algunas otras pueden enfocarse en la disuasión por parte de las fuerzas de seguridad y enfatizar aspectos ligados a la restauración de la ley y el orden con mayor actividad de las agencias policiales, (como puede ser la política policial de tolerancia cero basada en la teoría de las ventanas rotas), mientras que algunas pueden enfatizar una amplia gama de medidas preventivas destinadas a promover la cohesión social que escapan a la institución policial (Muggah & Aguirre, 2013). Es importante señalar que varias políticas públicas pueden estar aplicándose simultáneamente para reducir los homicidios.

Un informe del BID (2012) analizó los programas de prevención de la violencia que se habían implementado en la región y propuso varias reformas necesarias. Entre ellas, la necesidad de mejorar el liderazgo y la coordinación interinstitucional, crear sistemas de información confiables para diseñar políticas públicas con precisión, implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de acciones y fortalecer los gobiernos locales y su rol en la prevención de la violencia (BID, 2012).

Entre algunas conclusiones, la revisión de las políticas públicas indica que existe poca e ineficiente cooperación entre las diferentes instituciones gubernamentales encargadas de la ejecución de los programas, un bajo entendimiento de donde estos programas son implementados y muy bajos niveles de evaluación de impacto de dichos programas.

Para profundizar en la temática y recorrer la revisión de políticas implementadas recomendamos leer completo el informe acá

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