La regulación del narcotráfico en América Latina: la relación entre política, policía y delito
Prácticamente todos los países de América Latina padecen el narcotráfico y la violencia delictiva asociada al mismo. Sin embargo, la forma en que los estados lidian con este
fenómeno varía considerablemente entre y dentro de los países de la región, como así también los niveles de violencia por parte de actores delictivos o del propio Estado.
Una parte fundamental de la respuesta estatal depende del nexo entre gobiernos y fuerzas policiales. Factores como la alternancia política –el cambio del partido en el
poder con cada ciclo electoral- condicionan la autonomía policial – y, subsecuentemente, la forma en que la policía regula esta actividad y el nivel de orden y violencia.
La alternancia política tiende a aumentar la autonomía policial. Un cambio de gobierno implica nuevos ministros, jefes policiales y políticas públicas. Por un lado, las reformas precedentes se
revierten o desvanecen, incrementando la discreción policial con políticas de corte punitivo. Por el otro, un gobierno entrante con pretensiones reformistas debe lidiar con resistencias
policiales y obstrucciones políticas. Finalmente, gobernantes y comandantes deben renegociar acuerdos informales, incluyendo sobre la recaudación policial, generando incertidumbre y
oportunismo.
Con mayor autonomía, las fuerzas policiales regulan el narcotráfico desorganizada e ineficazmente. Ante la falta de coordinación interna o política –aunque sea para centralizar la
recaudación de rentas ilícitas- prevalecen los pactos fragmentados y espurios entre sectores de la fuerza y delincuentes sin capacidad para controlar el delito en sus respectivos territorios.
Esta regulación desorganizada aumenta la violencia ligada al tráfico minorista de drogas.
La evolución divergente de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe desde el año 2000 ilustra este proceso. Mientras que en Buenos Aires, el Partido Justicialista mantuvo el poder hasta 2015,, en
Santa Fe, la victoria del socialismo en 2007 terminó con 24 años de hegemonía peronista. Este recambio incrementó la autonomía policial, en tanto el socialismo no participaba de la
recaudación policial pero tampoco la controlaba eficazmente ni reformaba la fuerza. La policía pasó a regular el narcotráfico mediante pactos diseminados, lo cual contribuyó a un aumento
significativo de la violencia, sobre todo en Rosario y Santa Fe Capital. Allí las tasas de homicidios ascendieron a niveles récord de 22 y 32,8 por 100.000 habitantes,
respectivamente, entre 2013 y 2015.
Mientras tanto, el PJ –bajo el paraguas del FPV- renovaba su pacto con la policía bonaerense, temporariamente fracturado durante el ciclo de reformas de fines de los noventa y principios
del año 2000. Mientras que el narcotráfico creció similarmente en ambas provincias, la tasa de homicidio en el conurbano bonaerense era la mitad de la registrada en Rosario – 10.58 por
100.000 habitantes (2014). Esto se debió en parte a una regulación más eficaz del delito organizado por parte de la Policía de Buenos Aires, mediante una recaudación coordinada con
el gobierno provincial.
La derrota del peronismo en Buenos Aires luego de 28 años consecutivos plantea una posible reproducción del caso santafesino post-2007. Los primeros meses de la gestión de la
gobernadora Vidal presentan indicios preocupantes. Los avances contra la autonomía de la fuerza –ej. la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas- conllevaron sendos mensajes mafiosos contra la gobernadora y su gabinete. Todavía es incierto hasta dónde avanzará el
gobierno con sus medidas reformistas y cuánto margen tendrá para hacerlo: si bien ocupa también la Presidencia, es una coalición heterogénea sin mayoría legislativa tanto a nivel
provincial como nacional.
En contextos con instituciones débiles, la tentación de convertir a la policía en una herramienta al servicio del poder de turno es, justamente, muy fuerte. La principal salida
aparece en gobiernos consolidados pero con alta fragmentación política, donde varios partidos cuentan con posibilidades de acceder al poder. Solo así se pueden lograr los consensos básicos
para avanzar, siquiera tenuemente, en la profesionalización de la policía. La misma debe ser acompañada, entre otras cosas, por un rediseño de los sistemas judicial y carcelario, así como
por mayor transparencia en el financiamiento de la política, sistemas de estadística criminal creíbles y políticas de seguridad con objetivos concretos y resultados evaluables.