SEPTIEMBRE 2019
Encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas: el cruce entre el derecho penal y la discriminación y violencia de género
Dra. Corina Giacomello*
A nivel mundial, el número de mujeres privadas de la libertad está aumentando: entre 2000 y 2018 la población femenil privada de la libertad ha crecido un 53%. En cambio, la población penitenciaria mundial ha seguido la misma tendencia que la población mundial en general (24%), con algunas excepciones: en las Américas el crecimiento ha sido de 41%. Asimismo, si bien la tasa mundial promedio de personas encarceladas es de 145 por 100,000 habitantes, es más alta en América Latina (233) y Central (316).
Los delitos menores no violentos relacionados con las drogas son la primera o segunda causa de encarcelamiento de las mujeres. Esto responde a distintos factores: en primer lugar, representan una oportunidad económica para las mujeres, en el contexto de una creciente feminización de la pobreza y dentro de la región – América Latina – más desigual del mundo. Ante la falta de oportunidades de desarrollo, el narcotráfico emerge como una opción concreta que permite responder al doble rol de cuidadoras y proveedoras para sus familias, particularmente sus hijas e hijos.
La participación de las mujeres en estos delitos se da principalmente en los eslabones más bajos de la cadena delictiva: en los puntos de venta, transportando drogas a los centros penitenciarios o cargándolas en su cuerpo y su equipaje, es decir, en contacto directo con la sustancia y en los lugares de mayor exposición a ser capturadas por las fuerzas de seguridad.
Esto refleja los “techos de cristal”, es decir, los impedimentos formales o informales imbricados en las relaciones de género que obstaculizan el ascenso de las mujeres en las distintas esferas de la vida pública. Las organizaciones de tráfico de drogas son estructuras de corte machista y las mujeres, si bien menos que los hombres en términos absolutos, son principalmente representadas en los “puestos” más desechables y reemplazables. Construcciones sociales como el rol de “madre” o “esposa” son vectores de enganchamiento que subyacen el involucramiento de las mujeres en delitos de drogas a partir de las relaciones afectivas y familiares.
Por estas razones de corte socio-económico atravesadas por las relaciones y los roles de género, las mujeres son cada vez más activas en el tráfico internacional de drogas.
Por otro lado, los niveles de encarcelamiento son una consecuencia directa de las acciones del Estado, de la política criminal y de persecución y enjuiciamiento de los delitos. Uno de los indicadores de “éxito” de las políticas de control de drogas es el número de personas detenidas, sin importar su “estatus” dentro de las organizaciones criminales, las consecuencias perjudiciales de la privación de la libertad para las personas detenidas, sus familias y comunidades ni si efectivamente la reclusión contribuye a la reducción de los mercados de drogas ilícitas.
El encarcelamiento de mujeres reproduce y fomenta la violencia y discriminación de género contra las mismas. En primer lugar, por encarcelar a mujeres en su mayoría pobres y con historias de violencia de género, reforzando así su exclusión. En segundo lugar, por las condiciones carcelarias: éstas afectan a hombres y mujeres por la falta de acceso a servicios básicos de salud, educación, trabajo y por las severas violaciones a derechos humanos. No obstante, se agudizan en el caso de las mujeres quienes, al representar una minoría de la población penitenciaria (alrededor del 6.6% a nivel regional) suelen contar con espacios más reducidos y menos acceso a servicios, incluyendo la atención a la salud específica para mujeres. Finalmente, quienes quedan al cuidado de las familias, las comunidades y las hijas e hijos de las personas encarceladas son mujeres: madres, hermanas, esposas e hijas que, viviendo una condena invisible, reajustan sus vidas a las necesidades de la persona presa y de las carencias y violencias de los sistemas de justicia y penitenciarios.
* Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace varios años trabaja el tema de mujeres en prisión por delitos de drogas, vinculando el estudio de las políticas de drogas con el sistema penitenciario en clave de perspectiva de género.