MARZO 2022
Cocaína y opiáceos en Argentina
Por Hernán Flom *
La seguidilla de muertes por sobredosis de cocaína aparentemente mezclada con carfentanilo es solo una muestra de la peligrosidad del consumo de esta droga sintética. Propongo cinco reflexiones respecto a sus implicancias desde una perspectiva de mercados ilegales y salud pública.
Primero, es necesario ver el problema en contexto. De acuerdo con el Observatorio Argentino de Drogas, en 2019, se registraron 13.182 muertes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en personas de 15-64 años. Esto implica una tasa de mortalidad de 46 por 100.000 habitantes, que casi sextuplica el número de homicidios (2291) en el mismo año. El tabaco es el principal victimario, responsable del 80% de los fallecimientos; 17% de las muertes se deben al consumo de alcohol, mientras que las sustancias ilícitas representan poco más del 1%. Por un lado, esto indica que 36 personas fallecen por sobredosis por día en nuestro país, la inmensa mayoría de las cuales pasan inadvertidas por la sociedad y la política dado que se deben a sustancias cuyo uso hemos normalizado. Por el otro, la reciente seguidilla de muertes por sobredosis representa un aumento sustantivo de los casos ligados a estupefacientes o sustancias ilegales, lo cual debe generar alerta sin caer en el sobredimensionamiento o simplificación del problema.
Segundo, el uso irregular de opiáceos no es un fenómeno propio ni originario de nuestro país. Nos familiarizamos con él por sus estragos en Estados Unidos, donde más de 100.000 personas murieron en 2020, dos de cada tres debidas al fentanilo . La mayor parte de la droga se origina en laboratorios clandestinos de China y es ingresada vía México, aunque también es incrementalmente producida por los carteles de ese país, según el Departamento de Estado de EE. UU.
Tercero, no extrañaría que esto sea solo el principio. No es improbable que se replique el patrón de derrame de consumo exhibido por otras drogas ilícitas, sobre todo cuando aumentaron las importaciones de opiáceos y precursores químicos para usos médicos lícitos, como el tratamiento de casos serios de COVID-19. Más aún, el fentanilo—uno de los opiáceos más peligrosos—es una droga sintética que no requiere de recursos naturales, infraestructura sofisticada ni destreza química para ser desarrollada, lo cual hace que sea un negocio sumamente rentable para sus distribuidores. Cuanto más precaria la preparación, mayor la peligrosidad de la mezcla.
Cuarto, el caso ilustra dos ejemplos positivos de coordinación estatal, tan infrecuente en nuestro sistema político. Por un lado, la inmediata detección de patrones por parte del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la también veloz respuesta del sistema de justicia criminal, que aprehendió al líder de la banda distribuidora de la cocaína adulterada en menos de 24 horas.
Quinto, es imprescindible que los sistemas de salud y seguridad acompañen las respuestas ex post con iniciativas coordinadas de prevención. Por un lado, se requiere una estrategia de detección y tratamiento focalizado en aquellas jurisdicciones más vulnerables, por distintas condiciones socioeconómicas, ambientales o interpersonales, a estas sustancias. Por el otro, esa misma información puede llevar a los proveedores e impulsar investigaciones criminales. Es igualmente crucial que los actores del sistema de seguridad superen diferencias políticas o ideológicas en circunstancias normales y no solo ante emergencias de salud. Esto demanda mecanismos fluidos para compartir información, capacitación sobre la dinámica y riesgos de ésta (y otras) drogas ilícitas, y apoyo político para destrabar cuestiones interjurisdiccionales o procesos judiciales, naturalmente sin violentar el estado de derecho.
En conclusión, estos casos demuestran, otra vez, que Argentina no está exenta de la economía política global del narcotráfico o de los problemas de salud pública relacionados al consumo de sustancias psicoactivas. Remediar estas cuestiones requiere precisamente de enfoques focalizados, preventivos y coordinados de parte de tanto el sistema de salud como el de justicia criminal.
*NOTA: una versión de este artículo fue previamente publicado en el portal Abro Hilo (link).
*Profesor Visitante de Ciencia Política, Trinity College (Estados Unidos) hernan.flom@trincoll.edu