JUNIO 2024
Una relación tensa y paradójica. El nexo de la ciudadanía y el Estado en los programas de participación ciudadana en seguridad
Por Violeta Dikenstein*
Resulta ineludible que asistimos a una reedición de los debates en torno a la centralidad del Estado en la vida social de nuestro país. Funciones básicas que antes solían darse por sentado, hoy están en cuestión. El Estado se encuentra bajo la mira y los/las analistas sociales no podemos dejar de reparar en esa discusión, preguntarnos qué ocurre con esta dimensión en nuestros objetos de estudio. Hace ya varios años que trabajo sobre programas de participación ciudadana en materia de seguridad y, como muchos otros colegas, no puedo eludir esa pregunta.
Los programas de participación ciudadana en seguridad son un producto originario del Norte Global que han sido importados a nuestro país, donde su aplicación se dio de lo más variopinta en cuanto a sus diseños. Cabe destacar que el precepto central de estos programas se basa en la inclusión de los ciudadanos como estrategia de prevención del delito. Bajo el concepto de co-producción de la seguridad, que supone que el Estado no puede solo y requiere que la ciudadanía también participe en el gobierno del delito. A lo largo de nuestro territorio nacional se han desplegado numerosos tipos de estrategias, en general estructuradas por medio de gobiernos locales (provinciales, municipales), y que van desde las alarmas comunitarias hasta los programas participativos-asamblearios.
Más allá de los inconvenientes que puedan presentar, lo cierto es que estos programas y, fundamentalmente, los ciudadanos que allí participan activamente, funcionan como bisagra entre ciudadanos y el Estado. Permiten que ciertos actores locales de alta tradición participativa, con trayectoria de involucramiento en actividades barriales, comunitarias o de beneficencia de distinta naturaleza, desemboquen en tareas securitarias. Allí asumen un rol mediador, orbitan hacia arriba y hacia abajo: dialogan con funcionarios y autoridades policiales y, al mismo tiempo, atienden a problemáticas de los residentes locales. Llevan y traen reclamos, soluciones y problemas. Muchas veces, sino la mayoría, intermedian en situaciones que son extrasecuritarias. Se trata de algún modo de un rol multitarea con eje en la ayuda comunitaria y la preservación de lo público en todo lo relativo a lo secutitario (estado de los patrulleros, bienestar de los policías, limpieza de las calles, estado de las luminarias y semáforos, etc.). En suma, los ciudadanos que participan convocados por estos programas no son estrictamente estatales pero habitan sus fronteras, hacen en algún punto de tentáculos débiles pero eficaces en su rol de intermediación entre lo estatal y la sociedad civil.
Volviendo a la inquietud inicialmente planteada, cabe destacar la relación tensa y ambivalente que tienen estos actores con los funcionarios estatales con los que entablan vínculo. Si lo público es algo que desean preservar, lo cierto es que eso se hace desde un lugar de profundo cuestionamiento a todo lo relativo a su funcionamiento. Los actores que estudiamos –esto es ciudadanos que participan de estos dispositivos- valoran al Estado como espacio de canalización de sus acciones, pero a la vez siempre se encuentran insatisfechos con los vínculos que entablan y el lugar que les atribuyen. No consideran suficientes los espacios de interlocución que les otorgan ni el margen de acción del que disponen. Además, aquellos lazos que se logran establecer son motivo de conflicto interno, pues se interpreta como un modo de escalar posiciones para asumir cargos políticos. Así, estos actores cumplen una función paradójica, pues de un lado “bajan” al Estado y le dan cuerpo, le ponen el cuerpo por medio de una tarea que es íntegramente voluntaria y que requiere gran esfuerzo y dedicación. En definitiva, en este rol mediador donde ciudadanos voluntariamente asumen tareas de prevención, que se enmarcan en lo estatal sin ser actores plenamente estatales, tienen la posición y la condición de posibilidad de asumir este rol crítico y demandante. Pero de todas formas, el Estado sigue apareciendo como el canalizador de los reclamos, como la entidad encargada de resolverlos.
* Socióloga (FSOC-UBA) y Doctora en Sociología (Escuela IDAES/UNSAM). Investigadora Asistente en CONICET. Docente de grado y posgrado en la Escuela IDAES/UNSAM y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Sus temas de investigación versan en torno al estudio de la inseguridad desde la sociología de los problemas públicos, así como las políticas de participación ciudadana y los modos de involucramiento vecinales en la seguridad, desde una mirada microsociológica.