DICIEMBRE 2020
Datos duros, drogas blandas
Por Tobías J. Schleider1
El último informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación contiene información general sobre criminalidad en Argentina durante 2019. Resalta un descenso de los delitos contra las personas, un aumento de los vinculados con la integridad sexual y la propiedad y, en especial, un incremento –a simple vista– exagerado de los casos reprimidos por la Ley de Drogas (23737). En 2018, el Sistema registró unos 62.000 casos. Un año después, más de 98.000.
Entre esos hechos, llama la atención la desproporción de algunas de las categorías analíticas. En particular, aquellas referidas a la tenencia y a “otros delitos previstos en la Ley 23737”, en contraste con las que agrupan delitos graves: contrabando, comercialización, etc.
A partir de esto, autoridades del Ministerio reportaron que “el 89%” de las causas por drogas fueron iniciadas por tenencia u otros delitos leves, “y solo el 11% por delitos graves”. Si la afirmación fuese correcta, sería escandalosa. Y es probable que lo sea, pero el informe del SNIC no permite comprobarlo.
El SNIC reporta solo hechos que llegan a los registros administrativos, no los que ocurrieron. Además, la categoría “otros delitos previstos en la Ley 23737” tiene un contenido indeterminado. Se sabe –o presume– que no contiene a los casos no clasificados en las demás categorías, ni, necesariamente, a delitos leves. Y que los tipos de hechos que incluye varían entre jurisdicciones. Así, no es posible conocer qué representa ese 22,7% del total de hechos vinculados con la Ley de Drogas.
Ahora bien, que no pueda saberse si el 89% de los hechos por drogas en 2019 fueron leves no implica que no sea un escándalo –menor– que al menos un 66,2% haya involucrado tenencia de estupefacientes. Aunque la circunstancia comentada desnuda una de las falencias del Sistema.
Estudios independientes muestran que la enorme mayoría de causas vinculadas con drogas son por tenencia de estupefacientes –especialmente, marihuana– para consumo personal. Así, una investigación basada en informes del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito de General Puerredon (CeMAED) mostró que, entre enero y abril de 2019, las causas por tenencia de drogas para consumo en Mar del Plata aumentaron de 17 a 822 (más que todas las causas por todos los motivos sumadas). Esto es, un incremento del 4.800% en cuatro meses, con más de mil personas detenidas o demoradas.
Una situación como esa –reproducida en otras jurisdicciones– no es detectable con los informes del SNIC. Podría argumentarse que la función del Sistema no es esa, sino alguna menos minuciosa, pero las propias autoridades ministeriales parecen sostener lo contrario con declaraciones como la que se rescató aquí.
La desagregación de las infracciones por la Ley de Drogas en subcategorías es un avance en el informe del SNIC: en ediciones anteriores se presentaban aglomerados. Pero es insuficiente. Para saber cómo mejorar debe determinarse dónde está el problema. ¿En el Sistema, en los informes que dan cuenta de sus contenidos, en las lecturas que se hacen de esos informes? ¿En los datos, en el tratamiento de los datos, en su análisis?
Responder esas preguntas requiere (volver a) revisar el SNIC integralmente y replantear sus objetivos. Es hora de construir otro sistema, tal vez complementario, que supere las categorías jurídico-penales.
En particular, es importante conocer cuáles son los delitos vinculados con drogas que se cometen, se persiguen y se registran. Porque necesitamos saber si es cierto lo que parece: que en materia de estadísticas sobre narcocriminalidad, solo abundan datos duros sobre drogas blandas.
El equipo entonces numeroso del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito de General Puerredon (CeMAED), mostró que, durante 2014, más del 70 % de las actuaciones de la Policía Bonaerense vinculadas con la Ley de Drogas en Mar del Plata tuvo por objeto la tenencia de estupefacientes para consumo personal. La publicación de este hallazgo tuvo una repercusión importante en medios locales y nacionales, y motivó la reacción de sectores diversos de la sociedad. En consecuencia, la Fiscalía General Departamental dictó una Resolución que vedaba a las fuerzas policiales la detención de personas por este motivo. Esto provocó un descenso contundente de las intervenciones referidas: de 130 causas en enero de ese año, se llegó a solo dos en diciembre.
La situación se mantuvo por casi un lustro. Pero entre enero y abril de 2019, de los informes del mismo organismo municipal se desprendió un aumento de 17 a 822 causas por tenencia de drogas para consumo (más causas por este motivo que todas las causas por todos los motivos sumadas). Esto es, un incremento del 4.800 %, con más de mil personas detenidas o demoradas por la policía.
1 Abogado y Especialista en Derecho Penal UNMDP. Doctor UBA en Filosofía del Derecho. Profesor titular por concurso de Modelos Comparados en Seguridad Ciudadana y Filosofía de la Pena - UNS. Coordinador de la Licenciatura en Seguridad Pública de la UNS. Director del Grupo de Investigación Seguridad en Democracia (Grupo SED) - UNS. Docente e investigador de la UNMDP. Director de Gobiernos Locales y Políticas de Seguridad del ILSED. Cofundador de la Red de Observatorios Locales de Violencias y Delitos (ROLVYD). Ex Director General del Centro Municipal de Análisis del Delito de General Pueyrredon (Mar del Plata - Batán). Consultor internacional en Seguridad Democrática.