SEPTIEMBRE 2021
Familiares de personas privadas de la libertad en el contexto de COVID-191
Por Alejandro Pocoroba* y Angélica Ospina-Escobar*
En México, en el mes de abril de 2020 se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en centros penitenciarios (CP)2. Las autoridades penitenciarias de nivel federal y estatal3 implementaron protocolos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia. Ante las deficiencias y omisiones del sistema penitenciario mexicano, las familias y particularmente las mujeres, son quienes asumen los costos de mantener a sus familiares que se encuentran privados de su libertad.4
Para saber cómo fue la experiencia de los familiares que visitan los centros durante la pandemia y frente a las medidas implementadas por CP se realizó una investigación con metodología participativa, en donde cuatro mujeres -exprivadas de su libertad y quienes visitan de manera continua los centros- realizaron 28 entrevistas a familiares y amistades de las personas privadas de la libertad (PPL) en 21 centros del fuero común y siete del fuero federal, entre noviembre de 2020 y febrero de 2021.
Las personas familiares de PPL participantes en el estudio son principalmente mujeres: madres, esposas, parejas y hermanas, mientras que las PPL que visitan son en su mayoría varones. Estas personas tienen en promedio 40.5 años y pertenecen a sectores urbanos pauperizados caracterizado por ocupaciones manuales de baja calificación.
Los familiares reportaron que los CP restringieron las visitas, uso obligatorio de cubrebocas, distribución de gel desinfectante, entre otras. Al interior, se ha limitado las actividades, se han aislado a personas vulnerables (por edad o enfermedades respiratorias) y de dormitorios enteros ante presencia de síntomas sin pruebas previas. También, los datos muestran que hubo una suspensión de los procesos jurídicos debido a la menor disposición del personal relacionado con dichos trámites.
Los familiares percibieron estas medidas como ambivalente. Están de acuerdo con el control de la visita, restringir las visitas y los filtros sanitarios, pero también perciben estas medidas como arbitrarias, poco eficientes y generadoras de nuevas prácticas de corrupción, de desigualdad social y de aislamiento social tanto de las PPL como de sus familias. Asimismo, consideraron que las condiciones estructurales de hacinamiento en las prisiones, la falta de servicios sanitarios básicos y el acceso insuficiente a servicios e insumos médicos son factores que aumentan el riesgo de infección al coronavirus, aumentan su letalidad y potencian sus consecuencias negativas tanto biomédicas como socioeconómicas.
Los hallazgos muestran tres costos para las PPL y a sus familiares derivados de las medidas del CP: los económicos, puesto que los familiares mencionaron un incrementó en los gastos; socioemocionales, ya que reportaron una sensación de impotencia generalizada y de desgaste; y de salud física porque comentaron cansancio crónico, falta de sueño y dolor de cabeza. Frente a estos costos, los datos ilustran que los familiares se acercaron con mayor intensidad a redes de apoyo y colectivas de familiares y personas privadas de la libertad. Estos grupos brindan acompañamiento y aprendizajes, compartir experiencias y organizarse para presentar exigencias.
Entre las conclusiones se destaca la importancia que toma el acompañamiento de familiares, lo que favoreció la contención del a pandemia en el CP. Sin embargo, este acompañamiento es invisibilizado por el sistema y entorpece los esfuerzos de los familiares. Además, las condiciones de precariedad de los centros aumentan los riesgos de infectarse y agudiza las consecuencias sociales del virus. Por último, el estudio ilustra cómo el sistema penal sobreexpone a las mujeres de los centros a condiciones de mala salud, de pobreza, estigmatización y marginación social, las cuales se exacerbaron con el control sanitario.
-------------
1Resumen del Informe titulado “Cárcel, familiares y COVID-19” financiado por la Open Society Foundations.
2Notimex (14 de abril de 2020). Covid-19 llega a cárceles de México, admite López-Gatell. El Diario NTR. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=146947
3El sistema penitenciario mexicano se divide en dos: 17 centros penitenciarios federales que están relacionados con los delitos del fuero federal y 281 centros penitenciarios estatales que tienen relación con los delitos del fuero común. Los primeros son administrados por el gobierno federal, mientras que los segundos por los gobiernos estatales.
4Pérez Correa, Catalina (2015). Las mujeres invisibles. Los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Documento para discusión n° IDB-DP-405.
*Alejandro Pocoroba es asistente de investigación en el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, México.
*Angélica Ospina-Escobar es catedrática Conacyt asignada al Programa de Política de Drogas del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, México.