SEPTIEMBRE 2020
Las cárceles en México y el Caribe durante el covid-19
Por *Elena Azaola y Jennifer Peirce
Los países que integran la región de Centroamérica como los del Caribe son los que cuentan con las más altas tasas de encarcelamiento en Latinoamérica, ya que la mayoría de estos países tienen tasas que rebasan las 400 personas privadas de libertad por 100 mil habitantes.
Belice constituye una excepción desde todos los puntos de vista ya que tiene una sola cárcel con menos de 2,000 internos. Además, esta cárcel está bajo la gestión de una ONG de carácter religioso que ha sido contratada por el Ministerio de Seguridad Nacional. Hasta principios de agosto, no se habían reportado casos de COVID-19 tanto entre las personas privadas de libertad como entre el personal.
En cuanto a República Dominicana cuenta con dos sistemas: el tradicional, en el que se encuentra 65% de la población penitenciaria, y el Nuevo Modelo, considerado ejemplar, aunque sólo para el restante 35%. No se sabe si el gobierno recién electo continuará respaldando o no el Plan de Humanización, es decir, la ampliación del Nuevo Modelo. Las medidas que se adoptaron para contener la pandemia, como la restricción de las visitas, afectan más a las cárceles del sistema tradicional ya que su población depende en mayor medida del suministro de productos básicos que les llevan sus familiares. También en este sistema se observan tasas de contagio más elevadas que en las cárceles del Nuevo Modelo que, en todos sentidos, cuentan con mejores condiciones; ello a pesar de que fueron aisladas las personas que resultaron contagiadas.
Aunque en República Dominicana se han liberado algunas personas que cometieron delitos menores bajo fianza, el impacto ha sido muy escaso ya que no se han adoptado otras medidas, como las libertades condicionales o las penas alternativas, para reducir de manera significativa la población penitenciaria.
En lo que respecta a México, las medidas para reducir la población penitenciaria también han sido muy limitadas ya que apenas se han otorgado, hasta el mes de julio, un total de 3,755 libertades que rápidamente se han visto compensadas por el incremento de la población penitenciaria que ha tenido lugar en los últimos meses y que ha roto con la tendencia a la baja de la población penitenciaria que se observaba, como lo reportamos en el informe, durante los últimos años. En efecto, durante los meses de la pandemia, la población penitenciaria se incrementó en 5 mil personas al pasar de 203 mil a 208 mil personas privadas de la libertad. Este incremento se explica por las modificaciones legales que han ampliado los delitos susceptibles de recibir prisión preventiva oficiosa, medida que contradice el principio de presunción de inocencia en que se basa el modelo de justicia penal acusatorio que México adoptó en los últimos años.
Tal como lo anticipamos, los casos de contagios y muertes por COVID-19 se incrementaron notoriamente. En tan sólo dos meses, junio y julio, las personas privadas de la libertad que se contagiaron se incrementaron más de seis veces al pasar de 326 a 2,189, mientras que los fallecidos se incrementaron también más de seis veces al pasar de 31 a 193. Entre el personal, el incremento en el número de contagiados fue de casi siete veces al pasar de 57 a 374 mientras que el de fallecidos fue de poco más del doble al pasar de 23 a 49. Los incidentes violentos pasaron de 12 a 19. A pesar de estos datos, las medidas de contención adoptadas desde el inicio de la pandemia no se han modificado, y tampoco se han dado pasos para mejorar los precarios servicios de salud con los que cuentan las prisiones.
Para concluir, Jennifer Pierce, quien elaboró los estudios de Belice y República Dominicana, señala que la pandemia ha demostrado los graves riesgos del hacinamiento y la falta de recursos para la atención a la salud en los sistemas penitenciarios, por lo que se requiere una acción política y judicial dramática y valiente para reducir la cantidad de personas privadas de la libertad en la región.
*Elena Azaola : Doctora en Antropología y Psicoanalista. Investigadora CIES.
*Jennifer Peirce - Candidata a doctorado en justicia penal en John Jay College of Criminal Justice. Su proyecto de investigación de tesis analiza el proceso de reforma penitenciaria en la República Dominicana.