MARZO 2019
Género, información criminal y seguridad ciudadana
Por María Eva Pavón Tolosa (Lic. en Ciencia Política – UBA-, coordinadora del Grupo de Estudio en Violencia, Género y Seguridad del ILSED) y María Eugenia Carrasco (Abogada – UBA, Directora Ejecutiva del ILSED.
Durante la última década la visibilización de las consecuencias de la violencia de género aumentó considerablemente en Argentina, teniendo un rol relevante en la introducción e impulso de este tema en la agenda pública el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres. Históricamente, los estudios sobre criminalidad y violencia tomaron como objeto de reflexión a las “personas”, término que invisibiliza al colectivo de las mujeres y a las disidencias sexo-génericas. Argumentando una –supuesta- baja incidencia de la victimización de las mujeres en las tasas oficiales de delitos, tanto la academia como el sector político han minimizado una problemática que atraviesa a la sociedad entera y cuya faceta más siniestra se refleja en las cifras a las que actualmente podemos acceder de femicidios.
El hecho de que hoy contemos con un Registro Nacional de Femicidios dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) es tanto un logro como una muestra del tipo de debilidad que aqueja al Estado a la hora de proveer sistemáticamnte insumos útiles para la toma de decisiones políticas. Los registros de información criminal, tanto a nivel nacional como provincial, fueron pensados en términos administrativos y no se encuentran en condiciones de brindar información desagregada que permita un análisis en clave de género. En vez de liderar el proceso, el Estado reaccionó tardía y descoordinadamente. El informe que publicamos recientemente titulado La producción de información criminal sobre violencia de género en Argentina[1] da cuenta de esta situación: son múltiples los actores y recursos abocados a la medición de una misma problemática, sin que existan acuerdos metodológicos que permitan una adecuada comparación.
Si brindar una cifra cierta sobre la cantidad de femicidios fue un desafío, cuantificar otras intensidades, modalidades y rutas de las violencias de género plantea un escenario todavía más complejo. En el documento que mencionamos previamente damos cuenta de los compromisos normativos asumidos y de las recomendaciones internacionales en materia de producción de información criminal sobre violencia de género. También, sugerimos algunas líneas de acción como la rendición de cuentas sobre el tratamiento judicial de los casos y sobre los usos de la información sobre violencias de género. No se trata únicamente de contar con herramientas que permitan un estudio de las regularidades de los conflictos, entendemos que las respuestas estatales deben ser atendidas y monitoreadas con el mismo interés. Es tan relevante conocer el tipo y origen de las armas empleadas en lesiones y femicidios como los antecedentes de los pedidos de auxilio de la víctima o la eficacia judicial. Si las respuestas estatales son expulsivas o inocuas, difícilmente se puedan prevenir hechos de gravedad.
La perspectiva de género invita a replantear la manera en la que diseñamos, implementamos y evaluamos las políticas públicas. En lo que hace a las políticas de seguridad ciudadana, la mejora de los registros de información cobra sentido a la luz de la necesidad de contar con propuestas tendientes a articular los sistemas de prevención de la violencia de género en todos los ámbitos y en sus diversas modalidades.
[1] Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/15012.pdf