MARZO 2021
Crueldades en los procesos de criminalización por drogas de mujeres trans y travestis
Por Aramis Lascano*
Más allá de algunas modificaciones en el estatuto jurídico -y también social- del cannabis, el régimen prohibicionista vigente en materia de drogas en nuestro país continúa habilitando la estructuración de mecanismos de segregación social y deterioro vital de poblaciones compuestas por mujeres cis, trans y travestis criminalizadas por ocupar eslabones visibles, no violentos y fácilmente reemplazables, en lugares que suelen ser de mayor riesgo y menor rentabilidad en los circuitos de comercialización de drogas ilegalizadas. La indistinción de estándares que habilitan estas políticas de drogas, en interacción con sistemas de jerarquización establecidos en clave racial, de clase y/o de género, permite la sobrerrepresentación en los sistemas penitenciarios tanto provinciales como federales de personas que acuden a los mercados ilícitos ilegalizados como economías de subsistencia, y no de aquellos que participan y gestionan en los niveles más altos y rentables.
El tránsito por las cárceles para las mujeres trans y travestis detenidas aumenta las posibilidades de experimentar daños irreversibles y opera como marcaje en sus proyectos vitales. En la provincia de Buenos Aires, tan solo durante el año 2017, fallecieron tres mujeres trans y travestis peruanas que se encontraban detenidas por infracciones menores a la Ley 23.737 en la Unidad N°32 de Florencio Varela del Servicio Penitenciario Bonaerense, por la falta de acceso a la atención sanitaria y la pauperización de sus condiciones vitales en contextos de encierro. A comienzos del año 2019, cobró repercusión pública la situación de Mónica Mego Velayarse, una mujer trans peruana que reclamo atención médica durante seis meses y quedó parapléjica –en un estado irreversible-, luego de que el Servicio Penitenciario Bonaerense desoyó no solo sus pedidos sino también los reclamos de sus compañeras de la Unidad N°32 de Florencio Varela. El universo de la población trans-travesti procesada o condenada por infracciones menores a la Ley 23.737 -que ronda el 70% de las detenidas tanto en el ámbito federal como bonaerense- se encuentra excluida tanto de las políticas de discriminación positiva -como el cupo laboral trans-travesti- y de programas sociales específicos –como el Potenciar Trabajo- como de las herramientas de auxilio estatal que buscaron mitigar las consecuencias negativas producidas por la pandemia y la crisis económica y social. Además, el marco vigente en las políticas migratorias, a partir del DNU 70/2017, obliga a que deban enfrentar un largo procedimiento administrativo ante la Dirección Nacional de Migraciones -simultanea o posteriormente al proceso penal-, que suspende la posibilidad de mejorar su condición de ciudadanía en nuestro país y puede devenir en un proceso judicial ante la justicia federal con la expulsión del país como horizonte. Mónica aún enfrenta un proceso judicial, fundado en una investigación discriminatoria que ni siquiera probó el vínculo entre ella y la sustancia incautada y direccionada a perseguir a un presunto proveedor que nunca fue hallado.
Quienes llevan adelante las políticas de control y represión del narcotráfico suelen exhibir sus resultados con indicadores de eficacia y eficiencia sumamente cuestionables como el aumento de nivel de litigiosidad, el incremento de la tasa de encarcelamiento y los récords en incautaciones de sustancias ilegalizadas. La consolidación del narcotráfico como herramienta de marketing político convive con la sobredimensión en la exhibición de resultados y el uso de imágenes criminales distorsionadas que asocian grandes significados -como la “lucha contra el crimen organizado”-, que poco tienen que ver con los artesanales e informales mecanismos de supervivencia criminalizados: las políticas de drogas y de encarcelamiento masivo están cruzadas más por la desproporcionalidad y la intolerancia selectiva que por la tolerancia cero enarbolada.
Cada vez más investigaciones registran la participación de funcionarios policiales y judiciales bonaerenses en la gestión diferencial de la persecución penal y en las ganancias producidas por los mercados ilegalizados de drogas en la provincia de Buenos Aires, pero también en el ámbito federal: en 2019, el exjuex federal de la localidad salteña de Orán, Raúl Reynoso, fue condenado a trece años de prisión por favorecer a narcotraficantes ¿Quién controla a los que controlan?
Es necesario multiplicar los esfuerzos para resistir los embates punitivos y la crueldad en el castigo y articular propuestas creativas para construir marcos interpretativos específicos para, por un lado, desestabilizar la homologación entre quienes acuden con reducida capacidad de agenciamiento al mercado ilegalizado de drogas como estrategia de subsistencia y, por otro, promover mecanismos de empleabilidad en el mercado formal de trabajo que eviten al delito como alternativa y a la cárcel como pena en expectativa.
2 Otrans (2017). Situación sobre el colectivo trans y travesti privadas de la libertad. Informe presentado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
3Comisión provincial por la memoria (2 de septiembre de 2019). “El Ministerio de Justicia hostiga a defensores de derechos humanos”. Recuperado de http://www.comisionporlamemoria.org/el-ministerio-de-justicia-hostiga-a-defensores-de-derechos-humanos/
4Wacquant, L. (2001): Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Buenos Aires, Manantial
*Abogadx (UNLP). Activista sexo-disidente. Coordina el área de Litigio Estratégico de Reset - Política de Drogas y DD.HH. Esp. en el abordaje de las violencias interpersonales y de género (FCJyS-UNLP). Doctorando en Ciencias Sociales (FaHCE-UNLP).