JUNIO 2020
Cárceles y coronavirus en América Latina. Cuando los muros no protegen
Por Marta Martí*
El COVID-19 supone una seria amenaza para todas las personas y las instituciones a nivel mundial. Sin embargo, el riesgo no es el mismo para todos y existen ciertos colectivos que presentan una situación más problemática, como las personas privadas de libertad en las cárceles y otros centros de detención, especialmente, en contextos como América Latina.
Las pésimas condiciones de vida de algunas prisiones latinoamericanas, caracterizadas –entre otras cuestiones– por el hacinamiento o la falta de recursos tan básicos como el agua, junto con la especial vulnerabilidad de la población presa debido a aspectos como una peor alimentación, el elevado consumo de drogas, y la existencia de otras enfermedades como la tuberculosis, suponen riesgos adicionales para la expansión del COVID-19. Por este motivo, organizaciones internacionales como la OMS y la CIDH han recomendado la implementación de medidas específicas en las prisiones.
Aparte de la adopción de protocolos de prevención y actuación, y otras medidas de tipo sanitario, se exhorta a los países a que reduzcan la cantidad de población intramuros, especialmente mediante la liberación de los colectivos más vulnerables como mujeres embarazadas y con hijos/as, personas mayores, y enfermas. Conjuntamente con los/as investigadores Cristina Güerri (Universitat Pompeu Fabra) y Albert Pedrosa (Universitat Autónoma de Barcelona), estamos llevando a cabo el proyecto Covid19 Prisons, dirigido a recopilar las principales medidas que los distintos países están adoptando para hacer frente a las problemáticas que plantea el nuevo coronavirus.
Tal y como se observa en nuestra investigación, son varias las medidas que los países alrededor del mundo están tomando para descongestionar las cárceles: la reducción de la prisión preventiva, la suspensión de la ejecución de penas cortas o su sustitución por penas comunitarias, la ampliación de regímenes de semilibertad y la concesión de libertades condicionales e incluso de indultos. En el contexto latinoamericano, las medidas de descongestión más implementadas han sido permitir que personas en semilibertad duerman en sus domicilios y conceder libertades condicionales u otros tipos de liberación anticipada (por ejemplo, es el caso de Argentina, Colombia y Nicaragua).
A pesar de las medidas adoptadas en algunos países, estas son a todas luces insuficientes considerando la gravedad de la amenaza que supone el COVID-19, el hacinamiento y las deplorables condiciones en las que viven la mayoría de personas privadas de libertad en América Latina. Así, el miedo a los efectos que puede tener la llegada del virus y la falta de acción de los Estados han desencadenado graves incidentes en diversas cárceles de la región, como Colombia, Venezuela y Brasil, donde estos han acabado con la vida de numerosas personas.
En definitiva, una de las lecciones que nos recuerda la crisis del COVID-19 es que los muros de las prisiones solo protegen (si es que acaso lo hacen) a quienes se encuentran del “lado bueno” de la valla (nosotros), mientras que aquellos que quedan del otro lado (ellos) tienen serias dificultades para defenderse de los riesgos que amenazan desde fuera. Si bien esto es intrínseco a la naturaleza de la cárcel, la manera en como la configura cada Estado proporciona más o menos oportunidades a la población privada de libertad. Mientras que desde el extremo más punitivo es suficiente con cerrar la puerta y echar la llave, el “extremo” más humanista y de derechos humanos requiere algo más que eso. Se trata, a fin de cuentas, de que cada Estado –con sus fortalezas y sus limitaciones– decida hacia qué extremo quiere dirigir sus esfuerzos.
*Doctora en Derecho (Criminología) por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) y consultora independiente en criminología. Ha realizado proyectos de investigación en América Latina para organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (El Salvador) y Amnistía Internacional México. Actualmente también colabora con la Universidad Gerardo Barrios de El Salvador y con la Universitat Oberta de Catalunya.