JUNIO 2019
Las y los adolescentes en conflicto con la ley penal en Argentina
Por Matias Bruno*
Las y los adolescentes en conflicto con la ley penal en Argentina representan un problema social cuya atención pública suele ser espasmódica y esporádica. Casos resonantes por delitos graves o fugas de instituciones de encierro ponen sobre la superficie apenas una mínima parte de esa realidad.
Lo cierto es que esta población se encuentra mayormente invisibilizada debido, en parte, a la dificultad que supone pensar una solución de raíz al problema. Este estudio, impulsado y financiado por UNICEF y realizado por un equipo de investigadores/as del CENEP buscó realizar un aporte a la discusión global sobre las y los adolescentes en conflicto con la ley penal focalizándose en quienes se encuentran privados/as de libertad.
Ante la carencia de estadísticas sistemáticas sobre esta población, un relevamiento del año 2015 realizado por UNICEF refleja que de los poco más de siete mil jóvenes en conflicto con la ley, la mayoría (alrededor de 8 de cada diez) se encontraban en programas de supervisión en territorio –o sea, sin privación de libertad- y alrededor del 20% restante en contexto de encierro. Decidimos acercarnos a la población más problemática, que, tal como reflejan las estadísticas, no es la más cuantiosa.
El estudio consistió en un relevamiento cuantitativo y cualitativo en varias provincias de la Argentina, arrojando resultados que hasta el momento no habían sido conocidos, básicamente, porque no se tenía en cuenta la perspectiva de las y los adolescentes privados de libertad cuando se discutía la problemática.
Los resultados del estudio fueron puestos en diálogo con la normativa nacional e internacional que abarca a esta población, y ahora resulta más evidente que el problema es mayor de lo que parecía. Por un lado, se identificaron vulneraciones de derecho durante la trayectoria de vida previa al encierro: casi 3 de cada 10 jóvenes vivieron en situación de calle alguna vez, cerca de la mitad había tenido algún tipo de consumo problemático de sustancias adictivas como la cocaína, y también solo la mitad asistía a la escuela (con trayectorias atrasadas y truncadas) en el momento que pierden su libertad. También la mitad de la población era reiterante en situación de encierro, es decir, ya habían cumplido este tipo de pena con anterioridad. Otras dimensiones de sus trayectorias de vida son igual de preocupantes: el 13,4% declaró haber sufrido algún tipo de violencia, mayormente física (80%) y en la mitad de los casos por parte de sus padres.
La vida de los jóvenes en la cárcel es hostil por definición, pero pocas veces se traduce en cifras que derivan de experiencias propias. Casi un tercio de los jóvenes señaló haber recibido algún tipo de maltrato al ingresar al Centro Cerrado, y cerca de la mitad desconfía de las personas de su entorno (es decir, de quienes se encuentran en situación de encierro y de las y los trabajadores de la institución) Este clima no parece próspero para los fines que se propone el Estado, la llamada “resocialización”. Cabe señalar, también, las propuestas y aspectos institucionales tendientes a lograr un buen fin, por ejemplo, el dictado de talleres, los programas educativos y la asistencia de salud física y mental ofrecida. No obstante ello, el estudio muestra por primera vez cómo es recibido por parte de los jóvenes.
Estos y otros tantos resultados expuestos en el Informe muestran que la Argentina tiene una deuda pendiente con un sector de la población joven. Los jóvenes pueden ser una promesa para el futuro, o un problema para el presente. En gran medida esto depende del momento en que el Estado atiende sus necesidades. Quienes se encuentran en conflicto con la ley penal deberían tener la oportunidad de recibir la máxima atención y dedicación del Estado y la sociedad para que la vida de esos jóvenes pueda tomar un rumbo favorable para ellos, sus familias, la comunidad y la sociedad en general.
*Sociólogo y demógrafo, Investigador del Centro de Estudios de Población-CENEP, profesor en IDAES-UNSAM y Coordinador de la Comisión Científica sobre Población y Violencias de la Asociación Argentina de Estudios de Población-AEPA.