DICIEMBRE 2022
Hacia una nueva perspectiva para entender los homicidios en América Latina
Por Gonzalo Croci*
Año tras año, América Latina registra las tasas de homicidio más alta de cualquier región del mundo (Oberwittler, 2019). En 2017, la tasa de homicidios fue de 23 cada 100.000 habitantes, casi un 400 por ciento por encima del promedio mundial (UNODC, 2019). Con solo el ocho por ciento de la población, el 33 por ciento de los homicidios globales ocurren en la región (Jaitman & Ajzenman, 2016). Además, por cada homicidio que se comete, se estima que ocurren entre 20 y 40 ataques violentos no fatales (Imbusch, Misse, & Carrion, 2011). Estas tendencias de aumento de homicidios van en contra de las disminuciones generales en el crimen (y en los homicidios) experimentados en otras regiones del mundo (van Dijk, Nieuwbeerta, & Joudo Larsen, 2021) y han llevado a explorar nuevas maneras de entender el crimen en la región.
La mayoría de los estudios que han intentado explicar los altos niveles de homicidio se han centrado en investigar la influencia de factores estructurales como los niveles desigualdad, pobreza, desempleo y educación. Por ejemplo, Pridemore (2008) concluyó que había una relación positiva entre pobreza y homicidio, mientras que LaFree (1999) encontró que la desigualdad económica era el predictor más consistente de violencia. Estos estudios parten del punto de vista de que la violencia es considerada como un síntoma de las primeras etapas de desarrollo de un país y que podría curarse con crecimiento económico y mejoras en las condiciones sociales de los ciudadanos (Chioda, 2017). Bajo esta lógica, el crimen y la violencia son el resultado de un orden social caótico causado por las disparidades económicas y sociales. A medida que mejora el desarrollo social y se lleva a cabo el proceso de ‘modernización’, las disposiciones criminales se reducen. Sin embargo, en América Latina y particularmente en el periodo del 2004 al 2017, los ciudadanos han mejorado significativamente su calidad de vida (Banco Mundial, 2019) pero los niveles de homicidios se han mantenido (ver Figura 1).
Fuente: elaboración propia con datos de Homicide Monitor y PNUD (2019). Nota: la línea espaciada en y=0.700 representa un HDI alto según el índice.
Los estudios que han examinado los factores estructurales y su impacto en el homicidio han brindado información relevante, pero no han logrado ofrecer explicaciones consistentes (Chainey, Croci & Rodríguez Forero, 2021; van Dijk et al., 2021). En los últimos años, los investigadores han comenzado a considerar la influencia que desempeñan las instituciones públicas en los altos niveles de delincuencia y violencia (Bergman, 2018; Eisner & Nivette, 2013). Por ejemplo, Tebaldi y Alda (2017) argumentaron que las instituciones gubernamentales pueden afectar directamente la incidencia de la violencia debido a su papel en la elaboración y aplicación de leyes. Por otro lado, las instituciones juegan un papel clave, inter alia, en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para prevenir el crimen; por tanto, es lógico considerar que la efectividad de estas instituciones influye directamente en la eficacia de esas políticas públicas y en su impacto en el crimen (Croci & Chainey, 2022). En pocas palabras, las instituciones ineficaces y corruptas son guardianes incapaces de la seguridad, los derechos y la propiedad de sus ciudadanos.
Similarmente, investigaciones de ciencias políticas sobre las instituciones ha comenzado a examinar cómo los problemas de la legitimidad y eficacia institucional influyen en las expectativas de las personas y dan forma a sus comportamientos (Lafree & Tseloni, 2006; Levitsky & Murillo, 2009). Un amplio cuerpo de la literatura ha demostrado que los individuos están influenciados por sentimientos relacionados con la confianza y la legitimidad que tienen hacia las instituciones (Tankebe, 2013; Bradford, Milani, & Jackson, 2017), incluida la relación negativa entre la legitimidad y el homicidio (Dawson, 2017). La legitimidad es la aceptación pública del derecho del sistema de justicia a ejercer el poder y definir el comportamiento de la población (Hough, Jackson & Bradford, 2013; Bottoms & Tankebe, 2012). Según Beetham (1991), la legitimidad importa debido a la diferencia que marca en las actitudes y el comportamiento de las personas. En la medida en que las personas reconozcan el poder como legítimo, adquirido válidamente y ejercido eficazmente, sentirán la correspondiente obligación de obedecerlo y apoyarlo sin tener que ser coaccionados para hacerlo (Beetham, 1991). Como tal, para que las instituciones se consideren legítimas, deben cumplir con ciertos estándares de eficacia y ética. Por lo tanto, es más probable que instituciones ineficaces y corruptas (que abundan en la región) sean consideradas ilegítimas y que esto influya en los niveles de delincuencia. Siguiendo esta literatura, es verosímil hipotetizar que los países que no puedan mantener instituciones efectivas e incorruptas probablemente experimenten niveles más altos de crimen y homicidio; características que son particularmente evidentes en América Latina (ver Figura 2). Datos de varios centros de investigación indican que, desde comienzos del 2000, la población en América Latina ha perdido confianza en las instituciones (Latinobarómetro, 2020; LAPOP, 2021) y que los niveles de ineficiencia y corrupción institucional han aumentado (WJP, 2021; TI,2021).
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, Transparencia Internacional y Homicide Monitor (2017). Nota: la línea espaciada en y=53 representa el promedio de control de corrupción, mientras que la línea espaciada en x=0.513 representa el promedio de los niveles de efectividad institucional de la muestra de datos.
En resumen, cuando se percibe que las instituciones son ilegítimas, ineficaces o corruptas las personas retiran su apoyo, lo que contribuye a debilitar los mecanismos formales e informales de control. Adicionalmente, si las autoridades gubernamentales son ineficaces en la prestación de servicios adecuados que ofrezcan seguridad a los ciudadanos, se crean vacíos de poder en los cuales la actividad delictiva tiene el potencial de prosperar (Lessing, 2021; Croci & Chainey, 2022). Es así que, uno de mecanismos que influye en los niveles de crimen y homicidios está asociado con los roles que desempeñan las instituciones públicas y en la manera en que diseñan sus políticas para prevenir y combatir el crimen. Estas observaciones tienen implicaciones importantes para los responsables de la formulación de políticas públicas y los profesionales involucrados en la seguridad, principalmente porque indican que la capacidad institucional de los gobiernos sí importa. En conclusión, la forma en que las instituciones públicas latinoamericanas funcionan y como diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas son centrales para entender y reducir el crimen.
*Doctor en Ciencias de la Seguridad y Crimen por UCL. Su trabajo se focaliza en mejorar el diseño de políticas públicas y la eficacia de las instituciones para la reducción de crímenes violentos.