DICIEMBRE 2019
El costo económico de la persecución de personas que usan drogas en Argentina
por Virginia Labiano Candidata a Doctora en Ciencia Política (UNSAM). Becaria doctoral CONICET. Integrante de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos.
Como investigadores sabemos que en comparación con otros países, el Estado argentino suele ser descuidado en la producción de datos. En particular en materia de seguridad pública los datos están dispersos, son fragmentados e inespecíficos así como escasos y discontinuos, lo cual como reconocen López, Guemureman y Bouilly nos empuja a “la tarea de reconstrucción artesanal de los datos y el desarrollo de estrategias metodológicas creativas, a fin de acercarnos a un conocimiento medianamente confiable sobredichos fenómenos” (2012, 63)[1].
En el caso de las detenciones por infracciones a la ley de drogas, la 23.737, este proceso de reconstrucción se viene haciendo a partir de la combinación de datos de varias fuentes. Estos estudios muestran que Argentina no escapa de la tendencia del continente de saturar el sistema judicial y superpoblar las cárceles con personas involucradas en delitos menores de la ley de drogas. Asimismo, otros documentos muestran que esta tendencia se ha acentuado en aquellas provincias que adhirieron a la ley 26.052 mediante la cual se les transfiere la persecución justamente de estos delitos. Es decir, lo que se llama como eslabones menores y reemplazables del mercado global de sustancias ilícitas; detenciones que sólo sirven a la gestión territorial de la criminalidad por parte de las agencias de seguridad. Tal como muestra el informe La guerra contra el narcotráfico, una guerra contra les pobres recientemente publicado por el CELS[2] este escenario se agravó a partir de la implementación del programa Argentina sin narcotráfico de la actual gestión[3].
Frecuentemente se afirma que la persecución de estos delitos, que implica la criminalización de las personas que usan drogas, desvía atención, tiempo y recursos de la investigación de personas más relevantes en la cadena del tráfico ilícito de drogas. No obstante, dadas las características que ya mencionamos de la información en materia de seguridad pública y justicia, hasta la fecha no se había realizado el esfuerzo por calcular el costo monetario de tal persecución. Y por ello es que el documento elaborado por la organización Reset-Política de Drogas y Derechos Humanos, Costo económico en la persecución de personas que usan drogas es un aporte invaluable[4].
Este informe estima de la forma más precisa posible la cantidad de recursos económicos que gasta el Estado Nacional en perseguir penalmente a personas que usan drogas, tomando como referencia la competencia y acción del Ministerio Público Fiscal de la Nación durante los años 2016, 2017 y 2018. Señala que en el año 2016 se gastó USD 30.5 millones, considerando sólo las causas iniciadas por los delitos previstos en el art. 14, es decir, tenencia simple de estupefacientes y tenencia para consumo personal, o un promedio de 2.600 dólares por cada causa. Monto que para el año siguiente aumentó a 3.300 dólares. Nuevamente, en 2018 se erogó 2.500 dólares por cada causa iniciada por tenencia para consumo personal. Se abordan también los gastos que ocasionan los procedimientos en contra de quienes cultivan cannabis. Se estima entonces que el Estado argentino gasta anualmente alrededor de 40 millones de dólares en la persecución de las personas que usan drogas.
Afirma el documento que las estimaciones son conservadoras, ya que no sólo no incluyen a las jurisdicciones desfederalizadas –tales como Buenos Aires o Córdoba que concentran el 83% de lxs condenadxs por la ley 23.737- sino que tampoco contemplan otros gastos como “instancias previas en la criminalización secundaria, en la que contemplamos la actividad represiva de las fuerzas de seguridad, la etapa posterior a la investigación fiscal en los casos de juzgamiento de las personas por los tribunales, los costos de detención y prisionización en instituciones carcelarias y comisarias, los gastos derivados del establecimiento de medidas educativas y curativas establecidas en la ley 23.737, entre otros”.
Sin lugar a dudas este trabajo será el puntapié inicial para investigaciones futuras y probablemente lo veamos citado con frecuencia. También es trascendental el aporte que hace a la evaluación de la política de drogas argentina, ya que el dinero que se gasta en la persecución de personas usuarias de drogas se podría dedicar a programas de prevención y tratamientos.
[1] López A. L., Guemureman S. y Bouilly M. (2012): “Estado de los datos: la dificultad de conocer”, en Daroqui Alcira, López Ana Laura y Cipriano García Roberto Félix (Coord.): Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil, Rosario: Homo Sapiens Ediciones, pp. 61-83.
[2] Disponible en: http://cels.org.ar/drogas/
[3] Ministerio de Seguridad (30 de agosto de 2016). Argentina sin Narcotráfico. El objetivo que nos une a todos. Disponible en: http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/Publicaciones/Doc_ArgSinNarcotrafico.pdf
[4] Disponible en: http://resetdrogas.com.ar/index.php/2019/09/22/mas-de-40-millones-de-dolares-al-ano-gasta-el-estado-en-criminalizar-a-personas-usuarias-de-drogas/