Esta línea de investigación tiene como objetivo caracterizar los procesos judiciales desde su inicio hasta el establecimiento de condena (tipo de delito, fallos de los jueces, etc.). Este trabajo se basa en una muestra inicial aleatoria de 500 expedientes judiciales por año en distintos países de la región. En este sentido es el CELIV logró avanzar realizando un estudio en perspectiva comparada del sistema de justicia penal latinoamericano.
A partir de la década del 80´, los procesos de recuperación democrática, el desarrollo económico y la promoción de derechos humanos en la región alentaron reformas importantes a los sistemas de justicia, en particular, el penal. Aunque hay diferencias importantes en la transformación institucional y procesal de la justicia penal latinoamericana, se puede afirmar que el gran cambio de paradigma ha sido la sustitución de sistemas inquisitivos por modelos acusatorios.
En este contexto, hay numerosos estudios que se han enfocado en el seguimiento y evaluación de la reforma procesal penal en Latinoamérica en sus diferentes aspectos: desde las posibilidades de la reforma (Fuentes (1999), las políticas judiciales (Hammergren, 1997), la cooperación internacional en el tema (Domingo y Sieder, 2002), la descripción específica de los retos que enfrenta el sistema jurídico penal (Bischoff, 2003) - como la confusión de roles de la autoridad de instrucción, las restricciones de facto de la defensa, el control excesivo de la policía sobre la investigación, la ausencia de salidas abreviadas para las causas penales y la función del juicio como una manera de reiterar lo sucedido en la etapa de instrucción -, la exportación de ortodoxias legales (Adelman y Centeno, 2002), los “legal transplants” y la difusión de reglas, normas y políticas legales (Langer, 2007), hasta las consecuencias negativas del discurso generalizado del “failed law” para promover la reforma en la región (Esquirol, 2008).
También la metodología ha variado, desde Biebesheimer y Payne (2001) que intentan hacer un balance de la experiencia del BID a partir del análisis de la inversión presupuestaria en la región, el examen de la independencia judicial (Popkin, 2000) hasta los estudios orientados al seguimiento institucional de la implementación o innovaciones de la reforma (Riego, 2006).
La mayoría de las evaluaciones son de carácter cuantitativo y están dirigidas a los “outputs” generales del sistema judicial. Hay muy pocos estudios realizados con metodología cualitativa o combinada orientada al análisis de la actividad judicial en sí misma (Pásara, 2003). Y prácticamente ninguno realizado en forma sistemática y comparativa en base a expedientes judiciales.
El CELIV propone realizar un estudio sistemático de la justicia penal latinoamericana que comprenda tanto los aspectos sustantivos y procesales de la justicia penal, incluir las diferentes etapas desde la denuncia hasta las últimas apelaciones para poder conocer el funcionamiento real del sistema. Asimismo, integrando las variables sociodemográficas y criminógenos tanto de los victimarios como de las víctimas.
La información resultante se consolidará un Sistema Continuo de Información Estadística con un conjunto de variables tales como:
• tipo de casos que llegan a juicio,
• forma de resolución de la justicia penal
• sentido de las sentencias
• variaciones de tiempo y tipo de procesos en función de los casos,
• forma de operación de los actores principales (fiscales, abogados defensores, jueces)
• estructura de las cargas de trabajo, etc.
Conformar un Sistema Continuo de Información Estadística Procesal Penal Latinoamericana (SCIEPPL) facilitará el análisis comparativo del funcionamiento en los hechos de la justicia penal en algunos países de Latinoamérica.
También, a partir del análisis del relevamiento se espera:
• Entender la operación práctica de los actores del proceso.
• Aportar evidencia acerca del carácter proactivo o reactivo de la justicia penal frente a los casos que se le presentan.
• Examinar a través de evidencia empírica la operación efectiva de los controles de legalidad en el proceso.
• Enriquecer y ordenar el debate público acerca del papel que cumplen los juzgados penales.
Los países en los que se avanzó fueron el sistema judicial de México y Argentina, en ambos casos, el trabajo de campo se llevó a cabo por especialistas en el área y dirigidos por expertos en cada uno de los países. En este sentido se ha concluido el relevamiento en México, estudio que pronto será publicado, y en Argentina se avanzó en el relevamiento por especialistas en el área. Se espera obtener los resultados próximamente.