El informe Seguridad ciudadana con rostro humano, revelo su preocupación sobre el problema de la inseguridad en América Latina. Este documento sitúa a América latina como "la región más insegura del mundo", y señala que en la última década se han registrado más de 1.000.000 de asesinatos, que en los últimos 25 años los robos se han triplicado y que en un día típico 460 personas son víctimas de violencia sexual. Este estudio da cuenta de la paradoja Latinoamericana: Mientras hoy en día hay economías más fuertes e integradas, hay menos pobreza, las democracias están más consolidadas, y los estados han asumido mayores responsabilidades en la protección social; sin embargo aún no se ha podido avanzar en el flanco débil de la región: la violencia, el crimen y la inseguridad.
Altos índices de impunidad, sistemas carcelarios en crisis y la persistente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía alertan sobre las capacidades efectivas de los Estados en materia de justicia y seguridad. En paralelo la debilidad de los vínculos comunitarios generan contextos de tensión social que propician iniciativas de “justicia por mano propia”, y apoyo a la políticas de “mano dura”.
Entre los factores que erosionan la seguridad ciudadana, el informe destaca seis: el delito callejero; la violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de género; la corrupción (la apropiación indebida de los bienes públicos, cuya provisión es responsabilidad del Estado); la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia organizada.
El informe generó importantes repercusiones y tiene un claro mensaje: no existen soluciones mágicas para el problema. Y advierte sobre la poca efectividad de la implementación de las llamadas políticas de mano dura: "La fuerte represión policial y penal a menudo han coincidido con altos índices de criminalidad".
La provisión de la seguridad es una de las funciones primordiales del Estado, y es momento de abordarla desde la prevención social. Ello requiere un compromiso de mediano y largo plazo de parte de los Estados (como actores fundamentales), de los expertos y un rol activo de la ciudadanía.