DELITO EN CIFRAS

Por Juan Ambrogi^*

A partir de datos brindados por el Registro Nacional de Reincidencia, presentamos información descriptiva sobre la evolución del tipo de sanción aplicada en penas menores a tres años para el periodo 2002-2019, comparando específicamente condenas que incluyen privación de libertad, multa, inhabilitación y condenas condicionales. 

Como se describió en la edición anterior de este boletín, la cantidad de sentencias condenatorias penales en Argentina tuvo un aumento exponencial a partir de 2014. Entre 2002 y 2013, hubo un promedio relativamente estable de 30.000 sentencias anuales y a partir de 2014 se observa un aumento pronunciado que alcanzó las 50.000 condenas penales en 2019. De acuerdo a los datos analizados, el “mecanismo” legal utilizado para llevar a cabo este aumento exponencial fue la utilización de procesos judiciales cortos. Como ejemplo, los datos del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ) indican que en 2016 hubo 4.912 sentencias con procesos menores a seis meses -representando el 27% del total-, mientras que en 2019 fueron cerca de 35.000 sentencias con esta duración procesal, representando el 70% del total. 

Analizando la evolución de los distintos tipos de condenas penales aplicadas en el periodo 2002-2019 (gráfico 1), la proporción de penas con privación de libertad fue en aumento, pasando de representar el 50% en 2002 a casi el 60% en 2019, mientras que las condenas condicionales disminuyeron.

Para que un tribunal pueda aplicar una condena condicional, el caso debe cumplir una serie de requisitos. El Código Penal indica que “en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad”. De acuerdo a los datos disponibles, a continuación presentamos estimaciones tomando en cuenta dos de estos requisitos: primera condena a pena de prisión (usando como proxy la variable “no reincidente”) y el monto de pena menor a los tres años. 

Siguiendo el gráfico 2, la cantidad de sentencias penales menores a tres años aplicadas a personas no reincidentes disminuyó levemente entre 2003 y 2013, y luego, acompañando el proceso general de aumento de condenas, se duplicaron en seis años, pasando de aproximadamente 15.000 sentencias en 2014 a más de 30.000 en 2019. 

Considerando los promedios agrupados entre el periodo 2014/2015 y 2018/2019, las penas con privación de libertad aumentaron un 112% mientras que las condicionales lo hicieron en un 57%, pasando a representar aproximadamente el 30% al 40% del total (gráfico 3).

Lo mismo sucedió con las penas menores a 1 año. Tomando los periodos 2014/2015 y 2018/2019, el uso de la prisión para sentencias con estas características aumentó en 114% -contra un aumento de 69% de las condicionales-, pasando a representar del 22% del total en 2002 al 36% en 2019 (gráfico 4 y 5).

En resumen, entre 2002 y 2019 los tribunales aumentaron el uso de la pena de prisión al momento de dictar penas cortas. Para complementar el análisis es importante desarrollar estudios que incluyan información de sanciones alternativas a la cárcel antes y después del juicio (suspensión de juicio a prueba, libertad condicional, etc.) así como también estudios cualitativos que aporten a la comprensión de los motivos que llevan a los funcionarios judiciales a utilizar determinados tipos de pena en desmedro de otros.

*Investigador CELIV

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