DELITO EN CIFRAS

Por Juan Ambrogi^*

No hay mucha información respecto a cómo atraviesan el proceso penal las personas que fueron sentenciadas. Si bien el Ministerio de Justicia y distintos organismos judiciales publican informes estadísticos de forma periódica, son pocos los trabajos que se dediquen a indagar las percepciones de las personas en conflicto con la ley penal. Esta información es clave para entender en qué medida se cumplen las garantías del debido proceso y permite profundizar el conocimiento sobre aspectos raramente analizados de los procesos judiciales.

A partir de los resultados de la encuesta a personas privadas de libertad realizada por CELIV en Argentina (2019), en esta breve sección presentamos información descriptiva respecto al rol de la defensa y el juicio abreviado desde la perspectiva de 736 condenados que se encontraban detenidos en unidades del SPF y el SPB.

En la tabla 1 se presentan datos comparados entre quienes tuvieron como principal abogado un defensor público - 69%- o un defensor privado -31%-. En términos generales, las percepciones son bastante similares: a excepción de los dos últimos ítems presentados, los demás no presentan diferencias estadísticamente significativas. Quienes tuvieron defensa privada indicaron en mayor porcentaje sentirse más defendidos por su abogado que aquellos que tuvieron defensa pública. Siguiendo los resultados de la tabla 1, ello puede relacionarse con que veían a su defensor con mayor frecuencia, se declararon en menor medida culpables, y solicitaron en mayor medida el acceso a la libertad condicional, aunque con los mismos -malos- resultados que los defensores públicos.

Otra sección de la encuesta indaga respecto a las características del juicio abreviado. Las estadísticas judiciales publicadas por la Comisión Provincial de la Memoria (en base a datos de la SCJBA) indican que en la Pcia. de Buenos Aires, el 85% de las sentencias condenatorias en 2019 se dictaron mediante juicios abreviados. La encuesta del CELIV indica que aproximadamente a tres de cada cuatro personas privadas de libertad condenadas se les propuso resolver su caso mediante este tipo de acuerdos, y nueve de cada diez aceptaron (tabla 2). En este caso, las diferencias entre tener abogado público o privado son menores que con los ítems anteriores. Si bien quienes tuvieron defensa pública, accedieron en mayor medida a este tipo de juicio -90% vs 81% privados-, ocho de cada diez consideraron que los abogados les explicaron correctamente los beneficios y perjuicios de este tipo de proceso y el mismo porcentaje indicó que aceptaron de forma libre y voluntaria, sin distinción respecto al tipo de defensa.

Sin embargo, se observan algunas diferencias entre el 20% que no aceptó de forma libre y voluntaria pasar por este tipo de juicio. Para los que tuvieron abogados privados, el 74% indicó que su decisión no fue voluntaria porque “el juez o el fiscal le dijo que recibiría una pena más gravosa si iba a juicio”, mientras que esta razón fue indicada por el 50% de los que tuvieron abogados públicos. Por otro lado, el 20% de los que tuvieron defensa pública indicó que su decisión no fue libre y voluntaria ya que “su abogado le dijo que no tenía otra alternativa”, mientras que entre los abogados privados fue el 4%.

Como sugiere el gráfico 1, aceptar tener un juicio abreviado sin condicionamientos externos y recibir explicaciones claras sobre este tipo de proceso tiene efectos importantes en cómo se percibe la condena recibida. A quienes sus abogados les explicaron correctamente los beneficios y perjuicios del juicio abreviado, el 60% consideró que su condena fue justa, mientras que entre aquellos que no tuvieron esta explicación, este porcentaje bajó al 30%. Resultados similares se observan para aquellos que aceptaron o no de forma libre y voluntaria acceder a juicio abreviado. En ambos casos las diferencias fueron estadísticamente significativas con un nivel de correlación moderado.

Futuros estudios deberán profundizar en estos aspectos para tener una visión más amplia sobre el rol de la defensa de las personas en conflicto con la ley penal, especialmente en torno al acceso al juicio abreviado.

*Investigador CELIV

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