DICIEMBRE 2021
Por Juan Ambrogi
Desde el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) nos encontramos próximos a publicar un informe que tiene como objetivo presentar un mapa sobre la situación de la reincidencia delictiva en Argentina. ¿Cuál es el nivel de reincidencia en nuestro país y cómo se mide? ¿A quién se considera reincidente? ¿Cómo operan los organismos encargados de prevenir la reincidencia? Estas son algunas preguntas que buscaremos desarrollar en el estudio.
Las fuentes estadísticas oficiales para conocer la tasa de reincidencia en nuestro país son el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), que sistematiza información anual de las sentencias condenatorias a nivel nacional, y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), que lleva a cabo un censo anual en los establecimientos carcelarios a partir de la información contenida en legajos de las personas privadas de libertad. Ambas fuentes identifican la reincidencia con criterios jurídicos -según aplicación del artículo 50/52 del Código penal-, la cual es definida a partir de determinadas características restrictivas y que tiene como objetivo específico agravar la sanción y limitar beneficios en la ejecución penal.
Tomando como base el periodo 2002-2019, analizamos el comportamiento de la tasa de reincidencia para las dos fuentes oficiales y luego las complementamos con información de encuestas a población privada de libertad del CELIV. Si bien el RNR y el SNEEP elaboran datos sobre poblaciones distintas (condenados/población privada de libertad) presentamos el gráfico en conjunto para observar la tendencia en las estimaciones principales que existen a nivel país sobre la tasa de reincidencia.
Por un lado, el RNR indica que hubo un promedio de 24% de reincidentes para el período en el total de las condenas anuales dictadas, mientras que los datos del SNEEP indican que en promedio el 21% de las personas privadas de libertad condenadas eran reincidentes. Esto no quiere decir que solo una cuarta parte de las personas que salen de las cárceles vuelvan a cometer delitos, sino que solo a esa porción se los ha condenado nuevamente con pena de privación de libertad, y se les ha aplicado el art. 50 del código penal.
Por otro lado, encuestas a población privada de libertad diseñadas por el CELIV y aplicadas en cárceles del Sistema Penitenciario Federal y bonaerense indican que para el 2013 y el 2019, el 41% y el 39% de los detenidos, ya habían estado encarcelados previamente. Al realizar una comparativa con los datos oficiales de SNEEP para esos años y sistemas, encontramos que la reincidencia del CELIV es aproximadamente el doble a lo registrado: los reincidentes para el SNEEP fueron el 21% para 2013 y el 15% para 2019 respectivamente.
La evidencia sugiere que la reincidencia delictiva es un problema mucho más amplio de lo que indica la tasa de reincidencia jurídica, lo cual toma mayor notoriedad en un contexto de encarcelamiento masivo donde cada año dejan la cárcel, aproximadamente unas 20.000 personas.
En términos de abordaje post-penitenciario, si bien se realizan distintos esfuerzos desde el ámbito estatal y civil, las políticas públicas no parecen estar a la altura del problema. Una enorme cantidad de recursos es invertida en los sistemas carcelarios -que en gran parte se encuentran lejos de garantizar condiciones de detención aceptables y de brindar servicios adecuados para la resocialización-, y en cambio, muy poco se destina a la etapa posterior a la liberación, aun cuando la literatura especializada ha remarcado que éste es un momento crítico donde se deben invertir recursos para disminuir la reincidencia delictiva.
Actualmente no existe en la Argentina un sistema de evaluación integral que nos permita conocer con adecuado rigor metodológico cuál es la tasa general de reincidencia delictiva. Contar con mediciones de este tipo permitiría conocer con mayor profundidad el modo como se re-vinculan con el delito las personas que salen de la cárcel, identificar las principales dificultades asociadas al desistimiento delictivo para distintas poblaciones, y contribuir a consolidar una base de evidencia empírica sólida para desarrollar políticas post penitenciarias de la magnitud y calidad necesaria para abordar el tema.
* Maestrando en Criminología y Seguridad Ciudadana - UNTREF, Sociólogo - UBA. Coordina el proyecto longitudinal post penitenciario en el CELIV (Centro Latinoamericano de Inseguridad y Violencia).